La plantilla exige conocer los códigos de las 228 plazas de la próxima oposición y la apertura de las bolsas de trabajo para evitar irregularidades del pasado.
Como es de dominio público, o al menos debería serlo, cada puesto de trabajo en esta empresa pública cuenta con su dotación presupuestaria y su matrícula, un código propio que nos permitiría disponer de datos exactos sobre el número y la distribución real de la plantilla.
Disponer de este código resulta fundamental antes de las próximas oposiciones. De esta información dependerá, por ejemplo, que sea un trabajador que ocupa un puesto de redactor en Sevilla, y no su compañero con las mismas funciones en la misma ciudad, quien se quede fuera de la entidad cuando comiencen las distintas fases del proceso selectivo.
Por este motivo es vital que, antes de la publicación de las plazas, sepamos los códigos concretos que van a salir a concurso, ya que en el pasado hubo injusticias y «dedazos». Desde la Agrupación de Trabajadores llevamos meses solicitando estos datos; sin embargo, lo único que la empresa ha estado dispuesta a facilitarnos es un documento Excel con información incompleta de unos 130 códigos, a pesar de que, en principio, se van a convocar 228 plazas.
Exigimos que la cobertura se realice código por código y que se nos informe a priori de cuáles van a salir y cuáles no. Si se tiene que hacer algún tipo de reestructuración de la plantilla, debería informarse y consensuarse con la representación de los trabajadores. Bajo ningún concepto se puede volver a repetir lo que ya pasó con la OPE (Oferta de Empleo Público) de 2008.
Siguiendo con esta dinámica de opacidad, llevamos años reclamando que se active una aplicación en la que las bolsas de trabajo, tanto externas como internas, y que sean públicas. El objetivo es que los interesados puedan saber en qué posición están en cada momento, la situación en cada provincia y por qué número van llamando.
Esta falta de transparencia causa una gran incertidumbre entre nuestros compañer@s, que se encuentran en una situación precaria. Es un clamor generalizado, una demanda urgente que no consideramos compleja de implementar, sobre todo teniendo en cuenta que otras administraciones públicas lo vienen haciendo con éxito desde hace décadas.